Para el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) el nuevo cargo del 13 % a la energía anunciado por el Gobierno de El Salvador, solo demuestra “la necesidad urgente de lograr un acuerdo fiscal integral” que permita al Estado mejorar el financiamiento del sector público energético, a través de la generación de energía eléctrica desde fuentes de energía renovables, y una eficiente administración del subsidio.
Según el Icefi, el país necesita una política fiscal que permita alcanzar el desarrollo integral de la sociedad salvadoreña.
El Icefi reconoce que la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), no dispone de los recursos suficientes para realizar grandes cambios en el sector energético, sin embargo el Instituto señala que se debe realizar una discusión integral en la que se evalúen mecanismos que sean congruentes con la búsqueda de sostenibilidad fiscal y ambiental.
De acuerdo con datos del Icefi "entre 2007 y 2014 el Estado salvadoreño destinó $3,718 millones para financiar el funcionamiento del sector energético, lo que equivale a un promedio anual de $464.8 millones (2% del PIB), con una clara tendencia al alza, pues se pasó de $297.6 millones (1.5% del PIB), en 2007, a $549 millones (2.2% del PIB), en 2014".
Asimismo el Icefi sostiene que "del total del gasto emprendido por el Estado salvadoreño, el 58.1% ha sido destinado a los subsidios: transporte público, gas propano y electricidad. Estos subsidios", y que "en el caso de la electricidad, están mal focalizados, pues, además de destinarse a la generación de fuentes energéticas no renovables, más de la mitad es asignado a personas que no están en situación de pobreza", reitera la institución.
Por eso insta al Estado a asumir un “rol protagónico para garantizar el acceso universal a la energía eléctrica, la cual además debe provenir de fuentes renovables y a costos accesibles para la población”.